TAPACHULA, México. Cientos de migrantes venezolanos, centroamericanos y de otros países atravesaron este viernes un contingente policial y de la Guardia Nacional en el sur de México, en una de las primeras marchas de este tipo en el año, que tienen como destino los estados unidos.
Conforme a los migrantes la marcha es una protesta anual tradicional vinculada con la Semana Santa, y los que caminaban al frente cargaban una cruz blanca, como ha sucedido en años anteriores.
La protesta inició dos semanas antes, y algunos dijeron que, en lugar de la habitual marcha breve, tratarían de llegar a la frontera con Estados Unidos.
En un enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional y agentes de inmigración, los migrantes utilizaron la cruz que portaban como un ariete para abrirse paso y la cruz de madera se hizo pedazos.
Los agentes, que tenían escudos antimotines, porras y lo que parecía ser aerosol irritante, detuvieron a algunos migrantes. Los dos bandos intercambiaron golpes y muchos abandonaron sus mochilas en el tumulto.
Algunos lograron abrirse paso y desaparecer por carreteras y senderos de tierra, pero gran parte del resto de los manifestantes se refugió en una iglesia a pocos kilómetros de Tapachula.
Inicialmente los migrantes partieron de Tapachula, una ciudad del sur de México cerca de la frontera con Guatemala, el viernes por la mañana.
Muchos dicen sentirse básicamente presos en Tapachula debido a la lenta tramitación de sus pedidos de asilo, y se quejan de que no consiguen trabajo en el estado de Chiapas para poder mantener a sus familias.
“Nos tienen prácticamente presos, no nos dejan salir de este estado ya que nosotros estamos aquí (de manera) irregular”, sostuvo la venezolana Noreydi Chávez. “Nos exigen sacar visa, refugio, pero nunca tenemos respuesta de nada. Hacemos papeleos y nunca nos atienden”.
El peruano Reynaldo Bello se sumó a la marcha con su esposa y su bebé porque estaban viviendo en un parque y pasando hambre mientras aguardaban la tramitación de sus papeles. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el viernes el fin de una norma que permitía rechazar los pedidos de asilo para proteger a Estados Unidos del coronavirus.
Estados Unidos ha expulsado migrantes 1,7 millones de veces bajo el amparo de dicha política, conocida como Título 42, que fue implementada en marzo de 2020.
Luis García Villagrán, un activista del Centro de Dignificación Humana, dijo que las autoridades mexicanas de inmigración habían interrumpido la tramitación de visas en Tapachula y decían a los migrantes que el único camino para regularizar su estadía en México era la solicitud de asilo o estatus de refugiado, un trámite mucho más largo.
El gobierno mexicano ha tratado de aplacar a Washington deteniendo las caravanas y permitiendo la reinstalación de la norma llamada “Permanecer en México”. Sin embargo, México no ha podido detener el aluvión de migrantes introducidos en camiones operados por contrabandistas que les cobran miles de dólares para llevarlos a la frontera, viajes que a veces culminan en tragedias.
