SANTO DOMINGO, D. N. Las autoridades de la Dirección General de Migración han deportado en los últimos meses más de 71 mil haitianos indocumentados.
El dato está contenido en un informa de la DGM, que indican que en lo que va de año se han reconducido un total de 253,328 extranjeros, lo que supera por 2,310 la cifra de 2023.
Siguiendo la política del Poder Ejecutivo, las autoridades continúan con el programa de deportar a 10 mil indocumentados semanalmente.
Esta medida se tomó el pasado 2 de octubre, ante la agudización de la crisis haitiana.
Al hacer el cálculo se puede establecer que, desde que iniciaron estas acciones, se han deportado unos 8,890 haitianos cada semana, en promedio.
Desde el pasado sábado, los organismos de control migratorio exhiben una intensa actividad en sus operativos de repatriaciones, logrando la detención de cientos de ciudadanos haitianos en situación irregular.
JUSTICIA
El pasado sábado 30 de noviembre, la DGM reportó la detención de 333 haitianos durante operativos en El Seibo y comunidades de La Altagracia, como Verón, Bávaro y Friusa. Los detenidos fueron trasladados a centros de interdicción migratoria en Benerito y Haina, donde son procesados antes de su repatriación.
Asimismo, este martes fueron detenidos 30 migrantes haitianos indocumentados, durante diferentes operaciones realizadas por el Ejército de República Dominicana.
Los extranjeros eran transportados en distintos vehículos en las provincias Montecristi y San Juan de la Maguana.
En esa contexto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la creación de una unidad especializada migratoria, enfocada en fortalecer la vigilancia fronteriza y la seguridad nacional.
Al día siguiente, un Tribunal Colegiado de Pedernales condenó a cinco años de prisión a dos hombres implicados en el tráfico de migrantes haitianos.
Los procesados son José Manuel Pérez Rodríguez y Yeison López, quienes fueron hallados culpables de transportar ilegalmente a cuatro haitianos en un camión.
La condena se basó en el artículo 2 de la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y la condena deberá ser cumplida por los procesados en la cárcel pública de esa provincia.
