La Procuraduría General de la República, en coordinación con el Gabinete Penitenciario y la Defensoría del Pueblo un registro de los privados de libertad que cumplieron sus condenas de reclusión y tienen dificultades económicas para cubrir multas o fianzas impuestas por los tribunales del país.

En ese sentido la PGR, indicó que la Dirección General de Prisiones hará el levantamiento en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la jueza de Ejecución de la Pena.

Por su parte, el director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, se refirió al tema, luego del recorrido del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, por la Penitenciaría Nacional de La Victoria, durante una visita que contó con la presencia de Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de corte y coordinador del Gabinete Penitenciario.

“Tendremos un plan piloto en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; el defensor del Pueblo tiene la idea de crear un fondo, con el apoyo de beisbolistas, para cubrir esas multas”, resaltó Hernández Basilio.

Para obtener su libertad, las personas que han agotado sus años de prisión deben, además, pagar las multas incluidas en sus sentencias, por lo que este plan facilitará la salida de internos que carecen de recursos económicos para cubrir ese compromiso.

Hernández Basilio y Baró Gutiérrez recibieron a Pablo Ulloa en el recorrido, en el que también participaron la coordinadora nacional del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra Polanco, y la directora del recinto, María Soriano.

Junto a Ulloa, visitó el centro de privación de libertad el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la República Dominicana, Manuel María Mercedes.