SANTO DOMINGO, R.D.  En una reunión encabezada por la vicepresidente, Raquel Peña, el Ministerio Público reafirmó este lunes que investiga los casos de bebidas alcohólicas elaboradas de forma clandestina y comercializadas de manera ilegal como una manifestación del crimen organizado que pone en peligro la vida de los ciudadanos, afecta la salud, a la industria local y al lícito comercio.

En ese sentido, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, aseguró que las autoridades serán “persistentes en sus acciones para frenar esta práctica que ya ha costado muchas vidas en el país”.

Reynoso  detalló que las investigaciones que encabeza el Ministerio Público abarcan la distribución de las bebidas que han causado 47 muertes, así como la intoxicación de 109 personas según registros oficiales; además del entramado criminal involucrado.

“Las implicaciones penales de este tipo de comercio irregular que afecta la salud y la vida de las personas alcanza una amplia variedad de ilícitos penales. Incluso, como se originan del objetivo de obtener activos, califican como delitos precedentes del lavado”, explicó Reynoso.

De su parte, la vicepresidente Peña, como responsable del Gabinete de Salud, manifestó el compromiso que tiene el gobierno de trabajar de forma mancomunada con todos los actores necesarios para unidos frenar la fabricación y comercialización de este tipo de bebidas, las cuales incluyen como ingredientes el metanol, y otras sustancias altamente nocivas para la salud.

“Desde el inicio de nuestra gestión establecimos que la salud del pueblo dominicano es nuestra prioridad; y no permitiremos que la búsqueda desalmada de beneficio económico siga costándonos vidas; lamentamos la pérdida de esas 47 personas, y trabajaremos incansablemente para que estos eventos no se repitan”, enfatizó Peña.

Ante esta realidad, todos los sectores que inciden en la fabricación, comercialización y regulación de las bebidas alcohólicas se comprometieron a atacar de raíz el problema, a fin de evitar que se siga reproduciendo la situación a lo largo del territorio dominicano, y que además afecta de manera sensible la imagen del país y lacera la industria licorera, las recaudaciones y el turismo.

En el encuentro celebrado en el Palacio Nacional, participaron junto a Peña y Reynoso, los ministros de Salud, Daniel Rivera y el administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Así como el titular de la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, Rafael Brito Peña; Ronald Skewes, director de Epidemiología de Salud Pública, Igor Rodríguez, viceministro administrativo; Eduardo León, director de Habilitación, y Mario Pujols, asesor de Industria, Comercio y MiPyMEs.

Por el sector empresarial, estuvieron presentes Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), y Yulissa Almonte, miembro de la misma; Agustín Ramírez y Aguie Lendor, representantes de la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron); Giuseppe Bonarelli y Manuel Cabral, representantes de Importadores de Vinos y Licores; Ciao Miranda y Fabio Caminero, de la Asociación Dominicana de Productores de Cervezas (Adoface).

Mesa de Trabajo Público Privada

En la reunión sostenida en el Salón Los Trinitarios de la casa de gobierno, las organizaciones asistentes se comprometieron a establecer una mesa de trabajo técnica entre el sector público y privado en aras de crear campañas de concientización en la búsqueda de detener la producción y venta de bebidas adulteradas.

La vicepresidenta Raquel Peña destacó que con esta iniciativa buscan erradicar de raíz la problemática de las bebidas adulteradas a través de la educación. “El régimen de consecuencias existe y confiamos en el Ministerio Público para que lo aplique, sin embargo se hace imperativo crear conciencia en la población dominicana y de eso también nos ocuparemos, en conjunto con el sector privado”.