Las Mipymes  depositaron un recurso de amparo para suspender la discusión salarial y que se le cumplimiento de Clasificación Empresaria.

La interposición del recurso fue encabezada por la Federación de Asociaciones Industriales (FAI), por el incumplimiento de la Ley 187-17, que obliga la clasificación empresarial.

Dicho recurso fue hecho en contra del Ministerio de Trabajo y del Comité Nacional de Salarios solicitando la suspensión de la convocatoria del comité nacional de salarios y ordenar a este último tomar en cuenta la clasificación empresarial vigente para la fijación del salario mínimo. Más de diez instituciones que representan los diferentes sectores MiPymes del pais se han unido a la FAI para apoyar el recurso.

En ese sentido solicitaron, por medio del recurso, que las reuniones resultados de la convocatoria hecha por el Comité Nacional de Salarios que iniciaron el 21 del mes de febrero del año en curso, para la discusión y debates sobre el reajuste salarial mínimo nacional para los trabajadores del sector privado no sectorizado, sean suspendidas y no se reanuden sin antes cumplir con el mandato de la Ley 488-08 y la Ley 187-17, sobre la Clasificación Empresarial.

La Ley 488-08 sobre régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad, de las MiPymes, modificada por la Ley 187-17 sobre Clasificación y Registro Empresarial, la cual establece en sus artículos 1, 2, 4 y 5 la clasificación de las empresas en la República Dominicana, atendiendo al número de trabajadores y al volumen de ventas viene siendo violada por el Comité Nacional de Salario desde su promulgación en el año 2008.

“El resultado de esa violación es la de dificultar, con una clasificación ambigua y desfasada, la formalización de los empleados” y por consiguiente el acceso de los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas a los beneficios del seguro familiar de salud, del seguro de riesgo laboral y del ahorro para sus pensiones.

Recordó que el salario mínimo menor es la barrera de entrada a la formalización, a la Seguridad Social y a tener plenos derechos ante la ley, tanto el empleado como el empleador. La clasificación empresarial permite negociar y reajustar los salarios mínimos menores, acorde una definición exacta, avalada por el Ministerio de Industria Comercio y MiPymes (MICM) quién la certifica, evitando las ambigüedades que son explotadas por los abogados inescrupulosos para interponer demandas a las MiPymes.

El uso de la clasificación legal aumenta la seguridad jurídica de las MiPymes y del País. Por consiguiente, los índices de competitividad en la categoría de institucionalidad y seguridad jurídica. Igualmente aumenta los empleos formales que aumentan los ingresos netos de los empleados por tener seguro de salud para ellos y sus dependientes.