SANTO DOMINGO, D. N. El allanamiento que tuvo lugar este lunes en las oficinas de la Cámara de Cuentas, por parte del Ministerio Público, forma parte de la investigación a sus directivos y varios funcionarios, por presuntos delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.

Se informó, que las autoridades judiciales investigan el organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

El Ministerio Público explicó, que el operativo se encamina dentro de las acciones que desarrolla la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito.

El allanamiento fue encabezado por Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Pepca.

Mientras, la responsable de la Dirección de General de Persecución, Yeni Berenice, y un amplio equipo de fiscales realizaron diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador.

En la denominada “Operación Caracol” participó un amplio contingente policial, incluyendo miembros del equipo Swat, que tomaron el control perimetral del edificio desde tempranas horas de este lunes.

En el allanamiento, también participaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además de su presidente, Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.

El allanamiento de este lunes se produce con base en la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes de febrero de 2021 por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.