SANTO DOMINGO, D. N. En un informe anual publicado por el Departamento de Estado Norteamericano, los Estados Unidos valoraron positivamente los esfuerzos de la República Dominicana en materia de lucha contra la trata y tráfico de perdonas.
En ese sentido, el Departamento de Estado, asciende al país y lo saca de la “lista de advertencia”, donde había sido puesto el año pasado.
De acuerdo al informe, el Departamento de Estado aseguró que se han visto avances en general en la lucha contra la trata y el tráfico de personas.
También en el informe, destaca los esfuerzos cada vez mayores para investigar la complicidad oficial en delitos de trata, la prohibición del matrimonio infantil y la ayuda migratoria ofrecida a venezolanos vulnerables.
En enero del 2021 entró en vigor una nueva ley que prohíbe el matrimonio infantil, herramienta importante para evitar que las niñas se conviertan en víctimas de la trata.
Según el informe, que fue presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un evento virtual transmitido en vivo, se notó cómo el Gobierno dominicano aumentó los esfuerzos de enjuiciamiento, citando que la Procuraduría General de la República inició 63 investigaciones (59 por trata sexual, cuatro por trata laboral) en el 2020, en comparación con 26 investigaciones en 2019, 11 en 2018, 17 en 2017 y 25 en 2016.
De igual modo el informe cita, que la unidad policial contra la trata informó haber iniciado 44 investigaciones en el 2020, en comparación con 35 investigaciones en 2019, 45 investigaciones en 2018 y 83 en 2017.
Si bien el informe menciona que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la unidad policial contra la trata son los principales cuerpos de seguridad que perseguían casos de trata, con unidades policiales en Santo Domingo, Punta Cana, San Cristóbal, Puerto Plata y Boca Chica, lamenta que los recursos estén altamente concentrados en la capital, lo que resulta en «una falta de capacidad institucional para investigar y procesar adecuadamente los casos de trata de personas en áreas del país fuera del área metropolitana de Santo Domingo».
También en el informe el Departamento de Estado, reconoce que indudablemente la pandemia afectó las acciones oficiales.
Sin embargo, el informe señala que no obstante una disminución en el número de casos procesados por las fuerzas del orden, tanto el gobierno como las ONG informaron que los tribunales crearon protocolos para audiencias virtuales y presenciales.
Asimismo, el informe también destaca los esfuerzos del Gobierno para capacitar a 153 funcionarios de defensa, turismo, policía, inmigración y representantes de la sociedad civil sobre la detección del delito de trata de personas.
